Si las comunidades urbanas en América Latina ya están preocupadas por la pandemia del COVID–19, las comunidades indígenas en territorios aislados o distantes de las zonas urbanas tienen otras razones igualmente complejas y angustiantes para preocuparse ante la situación. Dos casos de gran relevancia son la comunidad yanomami, en el estado de Roraima en Brasil y la comunidad wayúu, en el departamento de la Guajira, en Colombia.

El estado de Roraima queda en la frontera entre Brasil y Venezuela. En este estado se registró el 9 de abril la muerte de un adolescente yanomami a causa del COVID–19. Según reportó la National Geographic este contagio podría haberse dado a causa de la explotación minera, pues la comunidad reportó que el joven estuvo transitando por zonas con presencia de esta actividad.

En el caso de países como Brasil, Colombia y Ecuador, la ya escasa infraestructura sanitaria en las zonas rurales y selváticas se ve agravada la enorme dificultad que implica el distanciamiento social en comunidades que viven justamente gracias a su cohesión, compartiendo objetos, espacios y alimentos constantemente, las grandes distancias que habitualmente hay que recorrer para llegar a centros de atención y la presencia de comunidades no contactadas, que además de tener derecho a permanecer distantes del mundo Occidental, tiene un sistema inmune mucho más vulnerable a las enfermedades exógenas.

Los yanomami, como otras comunidades en el continente, han intentado disminuir o cerrar el ingreso de personas foráneas a sus territorios –incluso intentando negociar con los mineros– pues el mejor mecanismo de defensa que hay en su caso es la distancia que los separa de los principales epicentros de la enfermedad.

Sin embargo, la sed por el oro se ha impuesto y la comunidad tiene pocas posibilidades de conseguir ayuda del gobierno de Jair Bolsonaro, en abierta oposición al respeto de las formas tradicionales de vida.

La comunidad wayúu en Colombia vive en el departamento de la Guajira, en la frontera con Venezuela. En esta zona desértica, el acceso al agua potable ya es una dificultad recurrente a lo largo del año, y la opción de lavarse las manos cada tres horas cae muy lejos de las posibilidades de la mayoría de la comunidad.

A diferencia de la comunidad yanomami, la wayúu tiene vínculos constantes con centros urbanos intermedios, como Riohacha, pero la población infantil de la comunidad tiene una fuerte dependencia de los programas de alimentación escolar impulsados por el gobierno colombiano, que se vieron interrumpidos al imponerse la cuarentena.

El gobierno colombiano ha trabajado por ofrecer subsidios a las familias más vulnerables y el programa de alimentación escolar debería volver a ponerse en marcha, adaptado, a partir del 20 de abril, pero para este punto Colombia llevará casi un mes en cuarentena y el hambre de los niños no da espera en una zona en que cada año mueren cientos por desnutrición.