(Barcelona). El proceso independista catalán. Segunda Temporada. Capítulo 1:  Exactamente un mes después del polémico referéndum por la independencia convocado por el gobierno catalán – y que el gobierno español trató de impedir por la fuerza por considerarlo ilegal –, el conflicto entre Madrid y Barcelona continúa encallado, esta vez en los juzgados.

El presidente cesado de Catalunya, Carles Puigdemont, anunció el miércoles desde Bélgica que no acudiría este jueves ante el tribunal en Madrid para hacer frente a posibles cargos por rebelión y sedición, según informó su abogado. Dichos delitos podrían suponerle hasta 30 años de cárcel. El hecho de no presentarse puede obligar a la Audiencia Nacional a reclamar la extradición mediante la euroorden, una parte de este proceso de dirimirá en Bélgica, ya que deberá ser la justicia de este país la que decida si acepta la entrega a España del president Puigdemont y otros tres miembros de su gobierno cesado que se encuentran junto a él, según informaba La Vanguardia. 

Puigdemont apareció el martes en Bruselas, la capital de Bélgica, después de dos días prácticamente desaparecido. El ex president de la Generalitat fue cesado de su cargo el pasado Viernes 27 de octubre, horas después de que el Parlamento catalán aprobara por votación secreta la independencia de Catalunya en base a los resultados del polémico referéndum del 1 de octubre, que se llevó a cabo con todo tipo de irregularidades y que solo contó con el 42% de participación.

Entre las irregularidades se encuentran las violentas cargas policiales ordenadas por el gobierno estatal de Madrid para impedir la votación. Las imágenes de las brigadas antidisturbios cargando con porras contra ciudadanos pacíficos armados solamente con papeletas dieron la vuelta al mundo, dando una imagen bastante perjudicial para el actual gobierno español, liderado por Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular.  

El gobierno central lleva seis años ignorando el movimiento separatista catalán, que cuenta con más de dos millones de seguidores (en una población de 5,5 millones de votantes) según los resultados del referéndum. Los separatistas llevan saliendo en masa a las calles desde el año 2012 – año en que el Tribunal constitucional revocó el nuevo Estatuto de autonomía aprobado por el parlamento catalán y el congreso de los diputados en Madrid gracias a la presión del PP. El hecho de revocar el paquete de leyes que regulan la relación entre la comunidad autónoma y Madrid, que principalmente reclamaba más autonomía fiscal y judicial para Catalunya- , fue el detonante del separatismo, que fue espoleado por la coalición independentista que gobernaba en Catalunya desde el año 2015.

No obstante, toda la cúpula de dirigentes catalanes está cesada desde que el viernes, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en respuesta al desafío de declarar la independencia de forma “ilegal”. El artículo 155 ha permitido al gobierno central suspender los poderes autonómicos de Catalunya y convocar elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre.

Entretanto, la Fiscalía del Estado ha presentado querellas contra todos los consejeros, incluyendo querellas por rebelión y sedición contra el presidente catalány contra la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, ex presidenta de la plataforma ciudadana separatista ANC. La ANC es la organización que está detrás de las manifestaciones separatistas y tiene una enorme capacidad de movilización.

El actual presidente de ANC, Jordi Sánchez, se encuentra en prisión preventiva junto a otro líder ciudadano separatista, Jordi Cuixart, desde hace dos semanas. Ambos fueron acusados por delitos de sedición al convocar manifestaciones alrededor de la consejería de economía  de Catalunya el pasado 20 de septiembre, cuando la Fiscalía ordenó una serie de registros y detenciones en las oficinas gubernamentales de la Generalitat con el fin de detener el referéndum de independencia. Según la fiscalía, los dos Jordis obstaculizaron a los agentes de las fuerzas del orden en la ejecución de una orden judicial al convocar a los manifestantes delante de las oficinas e impedirles salir hasta altas horas de la madrugada. Aunque es cierto que los manifestantes bloquearon la entrada y salida de la Consejería de Economía y provocaron desperfectos en los coches patrulla, se trató de una manifestación pacífica. Tanto el gobierno catalán cesado como miembros destacados de la ciudadanía catalana consideran que los Jordis son “presos políticos” y que  su encarcelación es un desafío a la libertad de expresión.

Varios miembros del Gabinete catalán han acudido este jueves frente al tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid para afrontar las querellas que pesan contra ellos. Puigdemont, por vía de su abogado, ha optado por quedarse en Bélgica. El país no le ha ofrecido asilo político. Si no comparece ante la justicia, la juez se verá obligada a dictar una “euro-orden” para solicitar su extradición a España. El martes, en una comparecencia ante la prensa desde Bruselas, Puigdemont dijo que no regresaría a España hasta que no se le asegurara un “juicio con garantías”. El expresidente parece tener todas sus esperanzas puestas en llamar la atención internacional desde el corazón de Europa.

"El conflicto entre Catalunya y España es un conflicto emocional. Y los problemas emocionales no se resuelven con leyes o porras, se resuelven con diálogo", dijo Joan Montardit, un fotógrafo jubilado el pasado sábado, desde la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se encuentra la sede del gobierno catalán. Montardit quiso pasar la mañana del sábado cerca de las centenarias instituciones catalanas (más antiguas que las españolas) anuladas por el artículo 155. Es consciente de que la declaración de independencia del pasado viernes no tiene efectos reales, pues nadie ha reconocido la república catalana a nivel internacional, pero cree que ha sido un acto simbólico para situar el problema catalán en el mapa.  "Tienen que entender de una vez que han de respetar nuestra forma de ser, nuestro idioma, cómo somos".