El movimiento #MeToo, que fue fundado en 2006 por Tarana Burke y que explotó a escala mundial en 2017, se ha apagado más o menos a medida que otros problemas más graves han ocupado el centro del escenario. 

Sin embargo la epidemia de agresiones sexuales sigue viva en prácticamente todas las instituciones de este país, especialmente en el ejército. El recientemente elegido por Biden como Secretario de Defensa, Lloyd Austin, quiere hacer algo al respecto. 

En su primer acto como secretario ha ordenado a los altos mandos del Pentágono que le envíen informes sobre sus programas de prevención de agresiones sexuales y acoso, así como detalles sobre sus medidas de responsabilidad y si han tenido éxito. 

"El presidente Biden ha ordenado la creación de una comisión de 90 días para buscar soluciones a las agresiones sexuales en el ejército. Apoyaremos enérgicamente ese esfuerzo. Pero no quiero esperar 90 días para tomar medidas", escribió Austin en un memorando publicado el sábado. 

En diciembre de 2020, Austin se reunió a distancia con un grupo de supervivientes y quedó "perturbado y conmovido por sus historias". También leyó un informe reciente de The New York Times, sobre la cultura tóxica de Fort Hood, la gran base del Ejército de Texas donde fue asesinada Vanessa Guillen. 

El informe anual del Departamento de Defensa para el año fiscal 2018 mostró 20.500 casos de "contacto sexual no deseado" basado en una encuesta de miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines. 

Esto marcó un aumento del 38% desde la encuesta de 2016.

Si Austin se moviliza para introducir cambios en este ámbito sería el primer secretario de Defensa en hacerlo. 

"Desde Dick Cheney, todos los secretarios de Defensa han venido aquí y han dicho cosas bonitas y luego la lucha entre bastidores ha sido para proteger el statu quo", dijo la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, que ha pasado años impulsando la legislación sobre el tema.

La senadora Gillibrand había intentado en 2013 que se aprobara una legislación para dar a los fiscales militares, en lugar de a los mandos, el poder de decidir qué casos de agresión sexual se juzgan. 

Los defensores de este cambio argumentaban que aumentaría el número de personas que denuncian los delitos sin temor a represalias, proporcionando estadísticas más precisas y contribuyendo al proceso de curación de los supervivientes. 

La propuesta de ley fue rápidamente rechazada por los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. Incluso se opuso, con vehemencia, el difunto senador John McCain, que también dijo en una ocasión que le repugnaba tanto el problema que no recomendaría a la hija de un amigo que se alistara en las fuerzas armadas. 

"Biden se ha pronunciado con más fuerza sobre esta cuestión que ningún otro presidente", declaró el coronel Don Christensen, presidente de Protect Our Defenders, un grupo de defensa que atiende las necesidades de los supervivientes. "Obama no se enfrentaría a los generales y almirantes. Estoy seguro de que Austin, al haber sido él mismo comandante, se encuentra en una situación de lealtad dividida". 

Durante su audiencia de confirmación, la senadora Gillibrand se enfrentó directamente a Austin con preguntas sobre su voluntad de tomar la iniciativa en relación con estas cuestiones. 

"¿Está de acuerdo en que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante la última década? ¿Cuento con su compromiso de ser implacable en este asunto hasta que podamos acabar con la lacra de la violencia sexual en el ejército?", preguntó.

En respuesta Austin dijo a los senadores que la búsqueda de soluciones a este problema es lo primero de su lista: "Esto empieza conmigo y pueden contar con que me ocuparé de ello desde el primer día". 

Al igual que con muchos de los cambios que la administración Biden-Harris ha puesto en marcha recientemente, los primeros pasos tienen que ir seguidos de más y la responsabilidad tiene que ser una prioridad si esta nación quiere ver la luz de la verdadera equidad.