La Corte Suprema ha dado luz verde a que la ley de Cargos Públicos del Presidente Trump se aplique en todo el país a partir del 24 de febrero, haciendo más difícil que los inmigrantes ajusten su estatus si alguna vez han usado asistencia del gobierno como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La decisión 5-4 del órgano judicial ha sido llamada por los críticos una "prueba de riqueza" para los inmigrantes con documentación, ya que prohíbe a cualquier futuro residente permanente que "pudiera en cualquier momento convertirse en una carga pública" obtener una tarjeta de residencia, desalentando a aquellos que, estando en el proceso de obtener un estatus legal permanente o la ciudadanía, utilicen la asistencia pública.

Según la secretaria de prensa Stephanie Grisham, el fallo "protegerá a los contribuyentes americanos que trabajan duro" permitiendo el acceso a la asistencia social sólo a "americanos verdaderamente necesitados".  

"Los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la gran cantidad de contribuyentes de los Estados Unidos", dijo.

Si bien la Casa Blanca está "satisfecha" con el fallo, el litigio continúa sólo con los refugiados, los solicitantes de asilo, ciertos solicitantes de la Ley de la Violencia contra la Mujer, las víctimas de actividades delictivas (solicitantes de la visa U), y los solicitantes de la trata de personas (estatus T) exentos del fallo de carga pública.

Dado que la decisión de si un inmigrante puede considerarse propenso o no a ser una carga pública depende de la discreción de los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, se desconoce cuántas personas se verán afectadas por esta política.

La regla de la "carga pública" que se dio a conocer en agosto no es un concepto nuevo sino más bien una ampliación de una disposición que se remonta a la Ley de Inmigración de 1882, que se estableció para evitar que los inmigrantes fueran una "carga pública".

En 1996, el término apropiado para los residentes extranjeros que recibían más de la mitad de sus ingresos de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos era "principalmente dependiente", pero sólo incluía prestaciones en efectivo, como la Asistencia Temporal o el Ingreso de Seguridad Suplementario del Seguro Social. 

Un año más tarde, en 1997, se introdujo el concepto de declaración jurada de apoyo. La medida requiere que los inmigrantes de todo el mundo que deseen solicitar un estatus legal en los Estados Unidos cumplan con un requisito de ingresos igual o superior al 125% del nivel de pobreza de los Estados Unidos por tamaño del hogar. 

La regla de la carga pública entrará en vigor en todos los estados, excepto en Illinois, porque se rige por una orden judicial independiente. 

El Director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., Ken Cuccinelli, aseguró que la regla es simplemente verificar que los inmigrantes "pueden mantenerse por sí solos".

El propio Cuccinelli, en su defensa de la regla, revisó el poema icónico del pedestal de la Estatua de la Libertad, diciendo: 

"Dame a tus cansados y a tus pobres que puedan valerse por sí mismos y que no se conviertan en una carga pública."

Sin embargo, las políticas de la administración se han enfrentado una y otra vez con desafíos legales y oposición.

Incluso los tribunales inferiores y los jueces han tratado de bloquear la política de cargos públicos para que no se convierta en ley y tenga efecto en todo el país. 

Durante el otoño, un juez de Nueva York emitió un mandato judicial a nivel nacional bloqueando la norma, pero el Procurador General Noel Francisco apeló el fallo ante la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que permitieran que la norma entrara en vigor mientras se desarrollaba el proceso de apelación.

Hoy en día la medida entra en vigor con sólo los jueces demócratas de la Corte Suprema oponiéndose a la política.

Uno de los disidentes es la única jueza Latinx de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, quien cuestionó la constante "búsqueda de ayuda de emergencia de esta Corte" del actual gobierno.

"No se equivoquen", dijo Sotomayor, "esta Corte es en parte culpable de la ruptura del proceso de apelación".