El martes 26 de enero el Departamento de Justicia revocó el memorando de la era Trump que aplicaba una política de "tolerancia cero" para procesar a cualquier migrante que fuera sorprendido cruzando la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal.

Bajo dicha política, que entró en vigor de abril a junio de 2018, todos los adultos, incluidos los que viajaban con niños, fueron remitidos para su procesamiento. 

Como los niños no pueden ser encarcelados con sus familiares, más de 5.000 niños fueron separados de sus padres y puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

No había un protocolo establecido para garantizar que estos niños se reunieran con sus padres, algunos de los cuales fueron expulsados a su país de origen. Hasta la fecha, los abogados pro bono siguen sin poder localizar a los padres de 611 niños y estiman que 392 de estos padres ya han sido deportados. 

El ex fiscal general Jeff Sessions sabía desde el principio que la aplicación de la ley de tolerancia cero llevaría a la separación de familias, según un informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado el jueves 14 de enero. 

El informe afirma que Sessions dijo a los fiscales que "tenemos que quitar a los niños". 

La derogación de la política es un paso de los muchos que el presidente Joe Biden planea dar para deshacer las nocivas políticas de inmigración de Trump. Los grupos de defensa de los inmigrantes, que llevan años luchando por identificar y reunificar a las familias, se reunieron con el equipo de transición del presidente para hablar de estos problemas tan graves.

Alejandro Mayorkas, el recién nombrado jefe del Departamento de Seguridad Nacional por Biden, también se reunió con los líderes de la inmigración y habló virtualmente en una cumbre sobre la inmigración de las empresas estadounidenses el mes pasado. 

Citando la política de tolerancia cero dijo que estas comunidades merecen algo mejor que este trato: "No hay ejemplo más poderoso y desgarrador de esa inhumanidad que la separación de los niños de sus padres".

El Fiscal General en funciones, Monty Wilkinson, emitió un nuevo memorando enviado a los fiscales federales de todo el país, diciendo que el DOJ volverá a su política de larga data y que los fiscales deben actuar sobre los méritos de los casos individuales. 

"En consonancia con este principio de larga data de hacer evaluaciones individualizadas en los casos penales, estoy rescindiendo - con efecto inmediato - la directiva de política", escribió Wilkinson.

Wilkinson también explicó que en el proceso de decidir si se deben presentar cargos penales contra una persona, se deben tener en cuenta las circunstancias personales, los antecedentes penales y la gravedad del delito.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt, cree que esta acción es un buen comienzo, pero para que se produzca un cambio real, el Congreso debe derogar las sanciones por entradas no autorizadas que dieron lugar a la separación de familias. 

"El fin de la política de tolerancia cero no afecta a las familias ya separadas. El gobierno de Biden debe reunir a las familias separadas en Estados Unidos y proporcionarles ciudadanía, recursos, atención y el compromiso de que la separación familiar no volverá a producirse."