El 12 de abril, el senador demócrata Alex Padilla, miembro de los Comités Judicial y de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, compartió que había enviado una carta al fiscal general Merrick Garland, en la que pedía al Departamento de Justicia que mejorara la aplicación de las leyes medioambientales, que afectan de forma desproporcionada a las comunidades negras, latinas, indígenas y de bajos ingresos. 

Padilla vinculó específicamente la situación a su hogar, al recordar las leyes medioambientales del Distrito Central de California. En su carta, pide al Departamento de Justicia que explique su política sobre el uso de acuerdos de no enjuiciamiento que eximen a los contaminadores corporativos de la responsabilidad penal.

"Las comunidades negras, latinas e indígenas tienen más probabilidades de vivir cerca de fábricas contaminantes y de vertederos de residuos peligrosos. Por eso pido a @TheJusticeDept que haga responsables a los contaminadores de los delitos medioambientales que perjudican desproporcionadamente a estas comunidades", escribió Padilla en Twitter el 12 de abril. 

Su carta hacía referencia a un informe de Los Angeles Times en el que se descubría que los fiscales del Distrito Central de California tienen muchos más acuerdos con empresas acusadas de violar las leyes medioambientales que cualquier otra oficina del país: hay 93.

En su estado natal, y sólo en el Distrito Central de California, el 40% de todos los acuerdos de no enjuiciamiento en todo el país han sido en relación con casos ambientales y de vida silvestre desde 1990.

Tanto el informe del Times como la carta de Padilla se centran en Exide Technologies.

En 2015, los fiscales federales de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con el director general de la planta de reciclaje de baterías que había contaminado miles de hogares cercanos con polvo de plomo.

Exide Technologies aceptó demoler su planta y pagar 50 millones de dólares para cubrir los costes de descontaminación del lugar y de limpieza de la contaminación de la comunidad latina, predominantemente de clase trabajadora. 

A cambio, los fiscales eximieron a la empresa y a sus ejecutivos de cargos penales.

Pero cinco años después, Exide Technologies se declaró en bancarrota y un juez federal le permitió abandonar el proceso de descontaminación, donde el edificio sigue en pie.

La empresa "cometió décadas de delitos ambientales al verter plomo y otros contaminantes peligrosos en el aire, el suelo y el agua, afectando principalmente a las comunidades latinas de clase trabajadora", escribió Padilla al fiscal general Garland, en busca de respuestas a preguntas clave:

¿Cuál es la política del departamento en relación con el uso de acuerdos de no enjuiciamiento, y hay directrices escritas para los fiscales a seguir? 

¿Por qué la Fiscalía del Distrito Central de California ha firmado más acuerdos de no enjuiciamiento que cualquier otra oficina del país? 

¿Cómo hace el Departamento un seguimiento de los acuerdos de no enjuiciamiento?

Sus llamamientos a la EPA se hacen eco de los de la representante Nanette Barragán (CA-44), que la ha presionado para que "defienda a las comunidades negras y marrones". Su propio distrito, mayoritariamente latino, sufre algunas de las peores calidades de aire del país por su proximidad al Puerto de Los Ángeles. 

"Las comunidades de color, las de bajos ingresos y las tribales tienen más probabilidades de vivir cerca de fábricas contaminantes y vertederos peligrosos que las comunidades más ricas y blancas. Muchas de estas comunidades de la zona de Los Ángeles se ven gravemente afectadas por las múltiples fuentes de contaminación de las instalaciones industriales, la congestión del tráfico y la proximidad a los puertos", escribió Padilla en su carta. 

Todavía está por ver si la EPA y el DOJ responden a las peticiones de los congresistas.