El día de ayer el Juez Stephen Reinhardt del 9no Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, condenó de “injusta” la medida del gobierno de sacar del país a Andrés Magana Ortíz, un agricultor de 43 años, empresario dedicado a la investigación de la siembra del café en Hawaii, y que ha residido en Los Estados Unidos desde hace más de tres décadas, según reportó el Washington Post.

Según Reinhardt, “El Presidente Trump aseguró que sus políticas de inmigración tendrían por objetivo a los ‘bad hombres’. La decisión del gobierno de sacar a Magana Ortiz demuestra que incluso los ‘good hombres’ están en riesgo”, explicó el juez en una opinión publicada por el Noveno Circuito de Cortes de Apelaciones el día de ayer.

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Magana Ortiz entró a los Estados Unidos hace 28 años y tiene tres hijos nacidos en el país, de los cuales el mayor cuenta con 20 años y asiste a la Universidad de Hawaii, según continúa el reporte.

Asimismo, su esposa es ciudadana norteamericana y la familia reside en Hawaii, donde labora dentro de la industria cafetalera, desde la cual han colaborado con el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos en la investigación de pestes que han afectado las plantaciones de café de la isla; Magana Ortiz ha permitido que el gobierno utilice su plantación sin costo alguno para llevar a cabo un estudio de cinco años, de acuerdo a la declaración del Juez Reinhardt, quien aseguró que Magana es “por lo visto, un pilar en su comunidad”.

Según continúa el reportaje del Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó el procedimiento de remoción de Magana en el 2011, pero en el 2014 un juez le permitió quedarse en el país por los momentos. El mes de noviembre del año pasado, cuando Magana Ortiz aplicó para una estadía adicional, el gobierno cambió su postura y le ordenó reportarse para ser removido el mes siguiente, “sin ninguna explicación”.

Tras recurrir a la apelación y acudir al Circuito 9 como último recurso para bloquear la deportación, sus intentos fueron rechazados y ahora deberá trasladarse a México con una restricción adicional que le impide ingresar a los Estados Unidos durante los próximos 10 años.

Según el Juez Federal, el Circuito de Apelaciones “está obligado a denegar la solicitud del Sr. Magana Ortiz, pues no tenemos la autoridad de aprobarla. Sin embargo, no estamos obligados a considerar que la acción del gobierno en este caso sea justa”.

Para Reinhardt, la decisión del gobierno en el caso de Magana Ortiz menoscaba no sólo al país sino a las cortes, que “supuestamente están dedicadas a la búsqueda de la justicia”. “Magana Ortiz y su familia no son las únicas víctimas. Entre otras se encuentran los jueces que, obligados a participar en tales actos de inhumanidad, sufren la pérdida de dignidad y humanidad”.

Si bien el Juez Reinhardt tiene una trayectoria como activista liberal desde su designación por el Presidente Jimmy Carter en 1979 – habiendo participado en casos como la lucha contra la Propuesta 8 en el 2012 – su voz no es la única. El Circuito 9 de la Corte de Apelaciones ha sido una fuerza común en contra de políticas como el veto migratorio. Asimismo, a principios del mes de Mayo, una corte federal de apelaciones en Maryland también se sumó contra las políticas migratorias de la administración Trump.

Asimismo, la Juez Presidenta de California, Tani Cantil-Sakauye, nominada Republicana, ha alzado la voz contra las posturas anti-inmigratorias de la nueva administración, asegurando que el estado de derecho norteamericano estaba siendo atacado, insistiendo en que “el estado de derecho significa que nosotros como ciudadanos somos gobernados por leyes y reglas, no por un monarca”.