La prohibición de libros en las escuelas y sus planes de estudio ha aumentado en el último año a un ritmo alarmante, comparable al de la cantidad de libros prohibidos durante todo el siglo XX. 

La censura se ha convertido en un problema en la educación pública que ahora tiene a los profesores y a los estudiantes molestos con sus distritos por lo que los que están en el poder consideran literatura que va en contra de sus valores particulares en cuanto a la identidad de género, la orientación sexual y la raza. 

Los distritos escolares tienen un tremendo poder que les permite tomar estas enormes decisiones sin la opinión de nadie más, incluidos los profesores y otros profesionales. 

Eso podría cambiar con una nueva legislación presentada por un demócrata de Filadelfia que, al menos en Pensilvania, limitaría el poder absoluto que tienen los distritos escolares sobre esas decisiones. 

El representante de Pensilvania Chris Rabb, que representa al distrito 200 en el noroeste de Filadelfia, fue el autor de una nueva legislación el 11 de octubre, que haría que los distritos escolares tuvieran que pasar por ciertos procedimientos antes de llegar a la conclusión de prohibir cualquier cosa de este tipo en las aulas de Pensilvania. 

"Estas decisiones efectivamente unilaterales tomadas por las juntas escolares son extremadamente perjudiciales para los jóvenes LGBTQ + y los estudiantes de color, dado que los temas discutidos en estos libros llamados "inapropiados" y "explícitos" a menudo discuten muchos problemas graves y reales que afectan a estas comunidades." dijo Rabb. 

"Estas prohibiciones son ampliamente impopulares entre los profesores y los estudiantes. Sin embargo, los consejos escolares elegidos siguen ignorando la opinión pública y aplicando estas políticas atroces", añadió Rabb.

Según la legislación, se requerirá que el Departamento de Educación de PA y el consejo escolar del distrito participen en al menos dos audiencias públicas sobre el libro en cuestión. Además, serán moderadas por profesionales con experiencia en el libro y su contenido antes de que el consejo escolar inicie una votación para eliminarlo de las aulas y sus bibliotecas.

"Esta legislación garantizará que las voces de los profesores, los estudiantes y los miembros de la comunidad de un distrito se escuchen adecuadamente al tomar estas importantes decisiones. Los estudiantes no deben ser sometidos a entornos de aprendizaje restrictivos y potencialmente hostiles porque el consejo escolar de su distrito escolar asignado haya tomado decisiones sobre los libros a los que pueden y no pueden tener acceso en la escuela", dijo Rabb en la legislación.

Una tendencia nacional

Jonathan Friedman, director del programa de Libertad de Expresión y Educación de PEN América, declaró a The Hill en abril, tras la publicación de un informe redactado por Friedman sobre el número de prohibiciones de libros en Estados Unidos, que en ese momento había más de 1.586 libros prohibidos o con restricciones. Según el informe, este tipo de censura existe actualmente en 86 distritos escolares de 26 estados de Estados Unidos. 

"Se trata de un ataque orquestado contra libros cuyos temas se han impuesto hace poco en las estanterías de las bibliotecas escolares y en las aulas", dijo Friedman a The Hill. "Estamos asistiendo a la eliminación de temas que hace poco representaban un avance hacia la inclusión". 

Los gobernadores de los estados han desempeñado un gran papel en la cantidad de prohibiciones que se han establecido. 

En Pensilvania es la legislatura estatal y los distritos escolares individuales. Por ejemplo, el año pasado, el consejo escolar de un condado prohibió una lista de libros compuesta casi en su totalidad por obras de personas de color o sobre ellas. 

En el informe, una de las estadísticas más crudas es que Texas, especialmente bajo el mandato del gobernador Greg Abbott, es el estado con el mayor número de prohibiciones, con 713. Pensilvania ocupa el segundo lugar con 456, Florida con 204, Oklahoma con 43, Kansas con 30 y Tennessee con 16. 

Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America, habló a The Hill sobre los peligros de esta práctica aparentemente normal. 

"La adopción de las prohibiciones de libros como arma para rechazar las narrativas que se consideran amenazantes representa un preocupante retroceso en el compromiso histórico de Estados Unidos con los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes, y para reaccionar a la expresión considerada objetable con más expresión, en lugar de prohibiciones censuradoras", dijo. 

Según el informe del pasado mes de abril, las prohibiciones de libros se han dirigido principalmente a más de 1.145 libros de 874 autores y, como resultado, han afectado a un total de 2 millones de estudiantes en 2.899 escuelas de todo el país. 

El informe revela que el 22% de los libros prohibidos tratan sobre la raza o el racismo y el 33% sobre temas LGBTQ+. Aunque la mayoría de los libros prohibidos son obras de ficción, el 16% de los libros restringidos o prohibidos son libros de historia o biografías, entre los que se incluyen algunos sobre Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Sonia Sotomayor, Neil deGrasse Tyson y Malala Yousafzai.

¿Qué ocurre en Central Bucks?

Además del gran número de prohibiciones en Pensilvania, un distrito escolar en particular, el Distrito Escolar de Central Bucks - uno de los más grandes en la región de Filadelfia - se enfrenta actualmente a una denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), acusando al distrito escolar de la discriminación y el acoso hacia su cuerpo de estudiantes LGBTQ +. 

En la presentación del jueves, 6 de octubre, la ACLU pidió al Departamento de Justicia y el Departamento de Educación para llevar a cabo una investigación sobre el distrito escolar. La queja fue presentada en lugar de una demanda para proteger las identidades de los siete estudiantes que son menores de edad. 

La reportera de suburbios para WHYY, Emily Rizzo, asistió a la primera gran reunión del consejo escolar del Distrito Escolar de Central Bucks desde que se presentó la denuncia. En lo que fue una sala repleta, la reunión se centró en una política que prohibiría las banderas del Orgullo en las aulas del distrito. 

Según el informe de Rizzo, la política propuesta se mencionaba en la denuncia presentada contra Central Bucks. Como resultado, el Departamento de Justicia o el Departamento de Educación tendrá que determinar si uno de ellos quiere investigar el distrito, y ordenar que el distrito se deshaga de algunas de sus políticas. 

En su informe, la presidenta de la Junta Dana Hunter leyó una declaración en nombre del distrito en la que responde a la denuncia presentada y dijo que el distrito tiene políticas que protegen a los niños y pidió que la ACLU publique su denuncia sin redacciones, lo que significaría incluir el nombre de los siete estudiantes para que puedan conectarse con ellos, apoyarlos e "intervenir". 

Los estudiantes de secundaria también hablaron en la reunión expresando su descontento con las acciones de la junta escolar y el distrito, así como su aparente falta de voluntad para tomar la queja en serio. 

"Centrarse en la identidad y en cómo te percibe el mundo es para los expertos en salud mental y no para los profesores", dijo un miembro de la comunidad, Donna Shannon, según transmitió Rizzo.

La política 321, que es la política en cuestión que censuraría lo que los profesores pueden colgar en sus aulas, pasará ahora a otra revisión en la próxima reunión de la junta con 6-3 en apoyo.