Es posible que Puerto Rico tenga que idear una nueva estrategia de ayuda en caso de catástrofe para compensar las nuevas restricciones incluidas en la ley general del Senado. 

Enterradas en el plan fiscal de 4.000 páginas del Congreso para 2023 hay disposiciones que limitan la autoridad del presidente para renunciar a la Ley Jones, la ley del siglo XX que controla la actividad marítima comercial entre los puertos estadounidenses.

La nueva redacción del gasto en Defensa exige que el Congreso dispense exenciones a los buques "cargados de mercancías que, en virtud de la exención solicitada, puedan ser descargadas en puntos o lugares a los que se aplique la ley de cabotaje". 

Si se solicita una dispensa, los organismos gubernamentales disponen de 48 horas desde la presentación de la solicitud para aprobar o denegar la prórroga.

En caso de que se deniegue la solicitud, la agencia deberá publicar una "explicación de la denegación de la exención, incluidas las conclusiones aplicables en apoyo de la denegación", mientras que la aprobación exige "una explicación de por qué la exención es en interés de la defensa nacional", reza el proyecto de ley. 

Estas nuevas disposiciones crean un panorama hostil para el transporte de mercancías en Puerto Rico, una isla cuyo comercio marítimo se rige por la Ley Jones, que obliga a que las mercancías puertorriqueñas viajen a través de buques que enarbolen la bandera estadounidense. 

Muchos en el Congreso califican las restricciones como una victoria para el lobby marítimo, que obtiene unos ingresos constantes del comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Un estudio realizado en 2012 por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que transportar un contenedor marítimo a Puerto Rico desde el continente costaba el doble que enviar el mismo contenedor desde un puerto extranjero.

La última vez que la administración Biden renunció a la Ley Jones fue en septiembre, cuando el huracán Fiona azotó Puerto Rico, dejándolo una vez más escaso de combustible diésel y otros recursos, lo que llevó al gobernador Pedro Pierluisi a solicitar una exención. 

Tras la concesión de la prórroga, un barco que se dirigía a Ámsterdam desde Texas desvió su ruta a Puerto Rico y entregó la ayuda que tanto necesitaba la isla afectada por el desastre en vísperas del quinto aniversario del huracán María. 

Pero la decisión de Biden enfureció a los partidarios de la Ley Jones en el Congreso. 

En concreto, los miembros del Comité de Transporte e Infraestructuras escribieron en octubre una carta en respuesta a la decisión de la Administración de relajar temporalmente las restricciones para ayudar en las catástrofes. 

La carta, firmada por los congresistas Peter DeFazio (Demócrata), Sam Graves (Republicano), Salud Carbajal (Demócrata) y Bob Gibbs (Republicano), expresaba "preocupación y decepción por su reciente decisión de conceder exenciones de la Ley Jones para el suministro de combustible a Puerto Rico, incluida la de permitir el suministro de gasóleo procedente del territorio continental de Estados Unidos", y la calificaba de "novedosa y problemática". 

A continuación cuestionaba que la exención "pretendiera aprovecharse de la vulnerable población de Puerto Rico", aludiendo a que la exención permitía obtener beneficios inesperados "al solicitar una exención sin repercutir el ahorro en el consumidor".

Pero los críticos sostienen que las medidas de ayuda en caso de catástrofe sirvieron de motivación principal para las nuevas restricciones a la exención, y el resultado podría perjudicar la posibilidad de una exención si otro huracán azota la isla.

El Instituto Cato también argumenta que la legislación marca una estrategia exitosa del lobby marítimo para eliminar permanentemente las exenciones de última hora.

"Esto equivale a exigir que un camión de bomberos que ya está en la carretera y pasa por una casa en llamas vuelva al parque de bomberos, descargue, pida permiso para ir a apagar el fuego y espere dos días, como mínimo, antes de poder volver a apagar el incendio", declaró Sean Cota, presidente y director ejecutivo del Instituto Nacional de Energía y Combustibles, al Washington Examiner.

Y Puerto Rico lleva mucho tiempo confiando en Estados Unidos para apagar los incendios marítimos ante desastres naturales sin precedentes. 

En 2017, el presidente republicano Donald Trump renunció a las restricciones después de que el huracán María causara tremendos daños a la isla, dejando al gobierno desesperado por suministros.