Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de 2.200 millones de personas registran obesidad o sobrepeso. Es un dato poco halagador si se tiene en cuenta que por lo menos 8 millones mueren al año por factores relacionados con la mala alimentación.

En Estados Unidos, al menos 100 millones de personas son obesas, así como el 20 por ciento de los niños (16 millones) y el 34 por ciento de los adultos hispanos. No se trata de un dato más, sino de un serio problema de salud pública, asociado a problemas cardíacos y enfermedades como la diabetes.

En el mundo hay 450 millones de diabéticos, según la OMS. En Estados Unidos, de acuerdo con cifras de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay algo más de 34 millones de personas afectadas, sin contar que 88 millones mayores de 18 años son prediabéticos, es decir, más del 34 por ciento de la población adulta del país. El año pasado, en el país fallecieron alrededor de 100 mil personas y nada indica que la cifra siga creciendo.

Ese es el panorama. ¿Y la solución? 

El problema es de tal magnitud que la Comisión Nacional de Atención Clínica, creada por el Congreso, ha recomendado acciones integrales para prevenir el aumento de personas con diabetes tipo 2, que es la más común.

La solución tiene que ver con romper con el sedentarismo y promover la alimentación saludable. La misma OMS ha advertido a los países tomar medidas contra las bebidas azucaradas y los comestibles ultraprocesados. Incluso, hay países como Chile y Perú que han tomado medidas para advertirles a los consumidores los riesgos que tienen esos productos para la salud. Se ha recomendado prohibir la publicidad en televisión y su venta en las escuelas.

Suena fácil, pero detrás hay una poderosa industria que hace lo que sea para evadir las regulaciones del Estado. Ocurre, por ejemplo, en Colombia, en donde pasaron varios años antes de aprobarse una ley para obliga a alertar en los empaques lo nocivos que son para la salud. Sin embargo, hasta ahora es solo una norma porque el Gobierno no ha decidido (no ha querido) cómo aplicarla.

El otro obstáculo es la pobreza misma. Lo ultraprocesado y las bebidas azucaradas calman el hambre a bajo costo. El camino es difícil para estas poblaciones.