El 31 de diciembre se supo, gracias a un twitt de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que fuerzas paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se habían tomado la comunidad de Pogue, un pequeño municipio de Bojayá en Chocó, Colombia.

Esta denuncia fue respaldada al día siguiente por la Comisión Interétnica de la Verdad en la Región Pacífico (CIVP), que en un comunicado amplió la comprensión sobre la gravedad de la situación: la cantidad de hombres armados que tenían a la comunidad confinada por el miedo eran 300. En el mismo comunicado alertan sobre otros tres caseríos del río Bojayá que habían sido confinado por las mismas fuerzas armadas, aunque otras fuentes indican que este estado de terror tiene presencia en una zona mucho mayor del departamento.

La concentración de este actor armado en la zona, en constante pugna con la guerrilla del ELN, se debe a la búsqueda del control de corredores para la salida del narcotráfico, así como presionar a la población para obligarla a deforestar y sembrar coca, como luego denunció la Comisión Intereclesial en su cuenta de twitter.

Horas más tarde, Leyner Palacios, el Secretario Ejecutivo de la CIVP había sido amenazado de muerte por las AGC a raíz de denuncias hechas, con la orden de abandonar la región. Palacios es sobreviviente de la masacre de Bojayá (2002) y en 2016 estuvo nominado al Premio Nobel de Paz, junto con un grupo de víctimas del conflicto armado colombiano, por su participación en los diálogos de paz en la Habana.

Esta conjunción de factores permitió que la presión ciudadana y de medios de comunicación llevara a que el 2 de enero el presidente Duque diera la orden de que 100 soldados del ejército colombiano se desplazaran a la zona. 

El 3 de enero el general Eduardo Enrique Zapateiro, quien estuvo a cargo de la operación, declaró en radio que el confinamiento denunciado por la población no existía. Más bien, se trataba de “unos bandidos muertos de hambre” que llegaron pidiendo comida. Aún así, anunció que continuaría la presencia del ejército en la zona.

Leyner Palacios, que tomó la decisión que quedarse en la región y a quien el gobierno prometió fortalecer su esquema de seguridad, denunció el 6 de enero ante el noticiero investigativo Noticias Uno que  la única forma de que esa cantidad de hombres armados pasara desapercibida al ejército es porque hay connivencia entre éstos y los paramilitares. En esa denuncia Palacios dijo que el número de paramilitares presentes en la zona era de alrededor de 600 hombres, que tendrían en situación de confinamiento a una población de 7,000 personas.

Las declaraciones del líder social fueron respaldadas por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila quien afirmó que desde hace catorce meses hay denuncias de la connivencia entre el Ejército y el Clan del Golfo (otro de los nombres con que se conocen a las AGC). Así mismo, explicó que desde hace meses las AGC y el ELN han estado moviendo a sus hombres, acortando la distancia entre sí, y la batalla que se aproxima tendrá consecuencias catastróficas para la población.

El 6 de enero, el Alto Comisionado la Paz del Gobierno colombiano, Miguel Ceballos, hizo presencia en Bojayá, aunque no visitó el corregimiendo de Pogue, el más afectado según las denuncias, e insistió en que se mantendría la presencia del Ejército y se incentivarían programas sociales en la región.

La zozobra continúa, más aún cuando se tiene en cuenta que ya desde octubre del 2019 la Defensoría del Pueblo colombiano venía advirtiendo sobre el alto riesgo de consumación de Alertas Tempranas sobre enfrentamientos entre las AGC y el ELN, lo que respalda las declaraciones de Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.

El 2 de mayo de 2002 fue perpetrada en Bella Vista la que pasó a la memoria como la masacre de Bojayá. Ésta ocurrió en el contexto de una confrontación de 17 días (20 de abril a 7 de mayo) entre el bloque José María Córdoba de las FARC y el bloque paramilitar Élmer Cárdenas. Más de 300 civiles, atrapados en la confrontación, se refugiaron en la iglesia del pueblo, en la que cayó un cilindro bomba, lanzado por la guerrilla del as FARC.

La masacre dejó un saldo de 98 víctimas letales: 79 a causa de la explosión (48 eran menores de edad), 6 que estuvieron en el lugar murieron de cáncer en los años siguientes y 13 durante las confrontaciones anteriores o posteriores a la explosión.

32 de las víctimas letales eran familiares del líder social Leyner Palacios.

Debido a la presión de la guerra y la destrucción de la iglesia, la comunidad se vio en la necesidad de desplazarse sin haber podido llevar a cabo sus ritos mortuorios tradicionales.

El 20 de noviembre de 2019, al fin, la comunidad de Bojayá pudo enterrar definitivamente 78 de las víctimas de la masacre, entre rituales tradicionales de cantos que duraron doce horas y procesiones. Ese mismo día la comunidad alertó que, debido al resurgimiento de grupos armados en la zona, la masacre se podría repetir.   

Ayer, 7 de enero, fue asesinada Gloria Ocampo, líder social de 37 años. Ella era secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella en Putumayo, uno de los departamentos beneficiados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial pactados en el Acuerdo de Paz.

Con ella se abre el triste conteo de líderes sociales asesinados este año.