Sectores de la oposición y analistas han cuestionado las acciones del gobierno de Colombia tras el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, por el cual están detenidos 18 mercenarios colombianos.

Una vez se conoció la vinculación de exmilitares colombianos en el magnicidio, medios de comunicación cercanos al presidente Iván Duque hicieron pública la versión, apoyada por el Gobierno, de que se trató de un engaño de quienes los contrataron supuestamente para todo lo contrario: apoyar la seguridad de Moïse.

Para el analista colombiano Aurelio Suárez, consultado por Al Día, “el Gobierno tiene que acogerse a las investigaciones y no puede decir que hubo engaño. Eso quedó derrotado hace rato. Quienes van a dar un juicio son las autoridades de Haití, y Colombia tiene que someterse a eso y respetarlo. Si son derrotados en juicio, no hay nada más que hacer que garantizar el debido proceso”.

Incluso, expresa que “sería un precedente único en Colombia, que siempre ha acatado los fallos en el exterior. Si Colombia vacila en eso, puede entrar en una especie zona de cuestionamiento de su legitimidad en el plano internacional”.

En las reuniones previas al asesinato de Moïse, según lo que se conoce, participaron un ciudadano venezolano y un colombiano, quienes prestaron las oficinas de su empresa en Florida, contactaron y pagaron el viaje de los exmilitares hasta Puerto Príncipe.  Se trata del empresario colombiano Arcángel Pretel, un experto en seguridad a quien también se le conoce como Gabriel Pérez, y socio del venezolano Antonio Intriago en la empresa CTU de Florida.

Sobre el particular, el senador Iván Cepeda, miembro del Polo Democrático y opositor al Gobierno, dijo a AL DÍA que “es responsabilidad de las autoridades colombianas investigar la relación entre estos mercenarios y las compañías que en Miami los contrataron. Estas compañías al parecer han tenido negocios en Colombia y, por supuesto, es un deber contribuir a la investigación”.

Por su parte, Suárez manifiesta que “los hechos de Haití son una vergüenza para Colombia, y para cualquier país, que militares o exmilitares, incluidos oficiales de rangos medios, participen en un acto de mercenarismo para ir a matar a un presidente de un país ajeno. Colombia tiene que asumir eso como una vergüenza nacional y un acto execrable”.

Lo que llamó la atención en las últimas semanas fue la decisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia de enviar una delegación a Haití para verificar las condiciones en las que se encuentran los 18 colombianos y la posterior decisión del Gobierno de buscar abogados que se hagan cargo de su defensa.

En su momento, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, manifestó que "cualquier detenido en el mundo tiene que tener derecho a la defensa y al debido proceso" y manifestó que el Gobierno está "muy preocupado" por la falta de abogados para los mercenarios.

"Estamos viendo la posibilidad de conseguir a algún abogado internacional, incluso colombiano, que conozca la legislación haitiana y que al menos pueda tener el apoyo de un abogado haitiano, si es que no encontramos a ningún abogado haitiano en disposición de defenderlos", dijo la alta funcionaria, sobre quien recayeron críticas de la oposición.

En ese sentido, el senador Iván Cepeda considera que “impacta la simetría entre los esfuerzos que hay para garantizar unos derechos de estas personas, pero la ausencia también de explicaciones sobre cuáles son los verdaderos orígenes de esta operación”.

Además, se mostró sorprendido por “esa actividad febril en torno a la defensa de esas personas involucradas en operaciones mercenarias, pero al mismo tiempo la indolencia del Gobierno para producir explicaciones sobre lo que ha ocurrido. También para solicitar formalmente perdón al pueblo haitiano por lo que cabe responsabilidad política de nuestro gobierno en haber permitido que personas que fueron del Ejército participaran en una operación de esa naturaleza”.

El analista Aurelio Suárez advierte que “como ciudadanos colombianos tienen el derecho a la asistencia que el país les haga. Aquí lo extraño es que sea solo a ellos y no haya asistencia a muchos otros colombianos que, por distintos motivos, incluso menores, en el mundo están detenidos sin asistencia jurídica y totalmente desamparados”.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, al primero de septiembre había 121.827 colombianos detenidos en el exterior por diferentes razones. De ellos, 29.439 es por narcotráfico, 15.527 por hurto y 9.421 por homicidio. Hay 52.553 detenidos, 44.378 en fase de investigación, 17.067 en juicio. En Venezuela hay 17.618 colombianos detenidos; en Estados Unidos, 15.674, y en España, 13.696, los países con más colombianos en sus cárceles.

Hace poco menos de un mes, después de una reunión con el embajador haitiano en Bogotá, la canciller Marta Lucía Ramírez, manifestó que “no puede haber impunidad” y que “tampoco permitiremos que la imagen internacional de Colombia se vincule a una tierra de mercenarios".

Suárez indica que “Colombia no es un país de mercenarios, pero sí un país que exporta mercenarios. Por ejemplo, es sabido que quienes viajaron a Emiratos Árabes Unidos hace unos años terminaron involucrados como cuerpos armados privados en la guerra contra los yemenitas”.

En el caso de los mercenarios en Haití, los ojos están encima del gobierno colombiano para saber cuál será su siguiente movida.