Tres semanas han pasado desde el inicio del Paro Nacional en Colombia y sus dinámicas y ritmos se han ido modificando. Las numerosísimas manifestaciones diarias han dado paso a más concentraciones de menor tamaño en puntos simbólicos de la ciudad y, más espaciadas en el tiempo, marchas multitudinarias.

Ejemplo de lo primero es el plantón realizado el 11 de diciembre en las inmediaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica para pedir la renuncia del director, Rubén Darío Acevedo, quien ha desconocido la existencia de un conflicto armado en Colombia y recientemente ha sido objeto de denuncias por censura en la institución que dirige.

Ejemplo de lo segundo es el colosal concierto callejero #UnCantoxColombia llevado a cabo el 8 de diciembre en varias ciudades del país. En Bogotá se organizaron tres tarimas fijas y una tarima móvil, que de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde fue acompañada por miles de personas a través de una de las principales vías de la ciudad.

Si bien numerosas movilizaciones ciudadanas han sido acompañadas adecuadamente por la Policía Nacional, cada vez son más numerosas y alarmantes las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).

El 23 de noviembre, en una movilización numerosa que fue dispersada por el ESMAD, Dylan Cruz recibió un disparo con una munición tipo “bean bag” que condujo a su muerte, motivo por el que fue clasificada por Medicina Legal como un homicidio. Este día parece haber marcado un cambio en la estrategia de la ESMAD, pues a partir de entonces no se ha hecho visible en las manifestaciones más grandes que ha habido.

Por el contrario, ESMAD y policía han llegado a concentraciones más pequeñas, realizado detenciones irregulares, violencia contra periodistas, obstaculizado el trabajo de agentes de Derechos Humanos y medios de comunicación, lanzado gases lacrimógenos o bombas aturdidoras, incluso en calles semi-vacías o parques en los que vecinos se congregan.

El más alarmante de los casos denunciados sucedió el martes 10 de diciembre por la noche en Bogotá y consistió en el arresto irregular de una mujer, que acto seguido fue transportada en un vehículo particular, sin ningún distintivo de la Policía, aunque los registros demostraran que era propiedad de la entidad oficial. Al no ser un carro adaptado para realizar traslados de personas detenidas, la mujer pudo bajar la ventana y gritar pidiendo ayuda. Una pareja que presenció la escena siguió el carro mientras grababa, y pasadas unas cuadras, logró cerrarles con paso, lo que hizo que quienes la retenían la dejaran en libertad.

El suceso ha despertado enormes preocupaciones pues este mismo procedimiento fue utilizado en casos de desaparición forzada en los años 80 del siglo pasado que han sido adjudicados al Estado colombiano.

Sobre el caso puntual del 10 de diciembre, el Mayor General Hoover Penilla comandante de la Policía de Bogotá manifestó que, pese a que el vehículo no tuviera marca alguna, los funcionarios actuaron según era su deber, pues la mujer estaba bloqueando las vías públicas. 

Varios representantes a la Cámara del Senado citaron a un Debate de Control Político sobre “Paz, Seguridad y Abuso de la Fuerza en el marco de la Protesta” al Ministro de Defensa, Sr. Carlos Holmes Trujillo, la Ministra del Interior, Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, el Director de la Unidad Nacional de Protección, Sr. Pablo Elías González Mongul, el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Nicacio de Jesús Martínez Espinel y el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Atehortúa Duque.

El debate realizado el 11 de diciembre es el inicio de la discusión sobre una de las demandas que ha hecho el Comité del Paro Nacional: el desmonte del ESMAD. Si la conclusión es que el Estado debe tener un ente especializado para regular manifestaciones violentas o si, por el contrario, la existencia de dicho ente tiende a vulnerar más derechos de los que protege, y en consecuencia se debe desmontar, es algo que está por verse.