El paro nacional, iniciado el 21 de noviembre, ya completa doce días, durante los cuales el gobierno de Iván Duque no parece haber sido eficiente ni asertivo para responder a las demandas de la sociedad civil. 

El pliego de 18 peticiones presentado por el Comité del Paro incluye la implementación integral e incondicional de los acuerdos de paz firmados en 2016, la implementación de medidas anticorrupción tales como penas de hasta 60 años de cárcel, protección a líderes sociales, una política nacional para la eliminación de la desigualdad de género, el desarrollo de un sistema pensional multiniveles y la protección de los recursos naturales colombianos. 

El gobierno respondió reuniéndose primero con los alcaldes elegidos en octubre que con el Comité del Paro y, al hacerlo, tras seis días de movilizaciones, los recibió con una agenda preestablecida, lo que fue interpretado por los representantes del comité como una negación al diálogo.  

Adicionalmente, las propuestas que ha hecho el gobierno durante las negociaciones quedan tan cortas frente a las peticiones hechas que han sido vistas más como una ofensa que otra cosa. Tal es el caso, por ejemplo, de la propuesta de hacer tres días al año sin IVA (Impuesto al Valor Agregado) para que las familias adquieran ropa, calzado, útiles y tecnología. 

Otro agravante se evidencia en que aquellos organismos que han tomado decisiones sustanciales relacionadas no hacen parte de las negociaciones con el Comité del Paro; como es el caso de la Procuraduría, que pidió que se “modificara, suspendiera o revocara” la norma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que determinaba la cuota permitida de caza de tiburón en Colombia para aleteo.

Frente a lo lenta e ineficiente que ha sido la respuesta  del gobierno, así como las denuncias por abusos policiales (que van desde actos vandálicos perpetrados por las fuerzas públicas, al homicidio de Dylan Cruz) las marchas siguen: siguen los cacerolazos (esta es la primera vez en la historia de Colombia que se usan), los conciertos y las marchas. 

Muy a pesar de todos los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo de paz, el hecho de que los colombianos decidieran sobreponerse al miedo infundido por el Estado y salieran a las calles a reclamar sus derechos en multitudes –que incluyen jóvenes universitarios, adultos, abuelos y niños pequeños– es reflejo de una sociedad urbana que se mueve hacia el posconflicto.