Tras dos años de una estrategia fallida para restaurar la menguante red eléctrica de Puerto Rico, LUMA aún puede ver días mejores, ya que dos rondas de votaciones cimentaron su continuidad operativa mientras el gobierno delibera sobre una deuda de mil millones de dólares. 

Una votación de 4 a 1 llevada a cabo esta semana por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), la junta de gobierno de su ahora disuelta empresa eléctrica cedida a LUMA, permitió una prórroga indefinida, prevista inicialmente para los próximos 15 años.

Aunque la AEE, una empresa pública gestionada por el gobierno, fue sustituida por LUMA en 2021, su junta de gobierno sigue teniendo ventajas negociadoras unilaterales con la empresa eléctrica privada y con la Junta Federal de Supervisión y Administración (FOMB), el organismo federal encargado de supervisar las finanzas de Puerto Rico. 

Además, el periódico nacional de Puerto Rico, El Nuevo Día, informó que la extensión también incluye un aumento de $122 millones de los $115 millones negociados originalmente para ajustarse a la inflación. 

Actualmente, la AEE supervisa la generación de energía en Puerto Rico, mientras que LUMA controla su transmisión y distribución en todo el Estado Libre Asociado.

La AEE es también el único organismo público del gobierno puertorriqueño al que le corresponde un plan para reestructurar su deuda después de que meses de negociaciones entre el FOMB y los tenedores de bonos de deuda fracasaran en un tribunal federal de quiebras. 

Pero es complicado. El Gobierno quiere evitar la quiebra, así como la instalación de un organismo externo impuesto a AEE, lo que le ha llevado a aceptar una prórroga. 

La deuda, denominada PDA, asciende a 9.000 millones de dólares del total de 70.000 millones que se adeudan a los tenedores de bonos que realizaron durante años inversiones estacadas contra la deuda de Puerto Rico, en busca de un día de pago, que ahora se resuelve a través de un tribunal dirigido por la jueza de Nueva York Laura Taylor Swain, quien pronto determinará cuánto dinero en efectivo verán los inversores.  

Los planes definitivos para PDA debían haberse presentado el jueves, pero la juez Swain accedió a una petición de un periodo de mediación prolongado, solicitado por un intermediario, que coincidió con la prórroga contractual y el aumento de sueldo de LUMA. 

Esto, en parte, se debe a que LUMA no quiere heredar la deuda de AEE.

FOMB, de acuerdo con los intermediarios, también sostuvo que LUMA debe seguir supervisando la restauración de la red eléctrica a través y votó a favor de mantener el contrato. 

Cualquier movimiento en las finanzas de Puerto Rico requiere el visto bueno del FOMB. 

El Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, defendió esta semana la postura del Gobierno de prorrogar el contrato de LUMA y está dispuesto a litigar en los tribunales si es necesario, al tiempo que insistió en que la prórroga "no debe considerarse como una nueva obligación contractual".

Pero la prórroga de LUMA puede no ser un buen augurio para los puertorriqueños, que en última instancia soportarán la carga de sus deficiencias. 

A lo largo de 2021, los puertorriqueños sufrieron una avalancha de apagones brutales e inesperados, que dejaron inoperativos servicios esenciales como hospitales y clínicas.

Los apagones desencadenaron una serie de manifestaciones a lo largo de los dos últimos años, aunque sin éxito, pidiendo la cancelación del contrato, pero LUMA ha mantenido que los apagones son heredados. 

La protesta más reciente, en agosto, se saldó con violentos enfrentamientos entre la policía puertorriqueña y manifestantes pacíficos. 

Más recientemente, horas antes de que el huracán Fiona tocara tierra en vísperas del quinto aniversario del huracán María, se informó de que Puerto Rico estaba 100% sin electricidad, lo que obligó a los ciudadanos a revivir los trágicos acontecimientos de 2017. 

Y a pesar de un servicio irregular, poco fiable y sin nadie a quien pedir cuentas, dado que LUMA es una entidad privada, los puertorriqueños pagan un alto precio, literalmente, a 34c el kilovatio, la factura eléctrica más cara de Estados Unidos junto a la de Hawái. 

En agosto, Pierluisi pidió a la entidad privada que revisara sus operaciones, alegando que era "obvio" para él que era necesario introducir mejoras, pero cambió de opinión este mes en medio de negociaciones contractuales, y una reversión del contrato parece, cada vez más improbable.