Las costosas facturas de los servicios eléctricos se ciernen sobre los puertorriqueños a medida que LUMA Energy avanza con más tarifas infladas anunciadas en junio de 2022, mientras se convierten en objeto de un mayor escrutinio por la falta de fiabilidad del servicio por parte del gobierno local y los ciudadanos. 

El último aumento es la tercera vez este año en que el consorcio con fines de lucro pone la carga en los consumidores, citando ajustes monetarios necesarios para reparar la deteriorada red eléctrica de la isla que LUMA no ha abordado desde su toma de posesión en 2021. 

Actualmente, los puertorriqueños pagan un abultado coste de electricidad solo comparable al del estado de Hawái, con 34 centavos por kilovatio. Sin embargo, estos precios lucrativos rara vez reflejan el estado de las circunstancias de Puerto Rico cuando se trata de la fiabilidad y el uso, con continuos retrasos en el servicio que resultan en apagones en toda la isla, todo lo cual LUMA culpa a la mala gestión anterior. 

Tras un tumultuoso comienzo del periodo de prueba antes de la fecha de entrada en vigor del contrato, el 15 de octubre, los residentes puertorriqueños se vieron sometidos a numerosos casos de apagones aleatorios en toda la isla. Los meses de abril, mayo, julio y agosto fueron los más duros para los clientes, con apagones a gran escala que dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares. 

Las explosiones en las centrales eléctricas provocaron apagones totales en la nación de forma inesperada, lo que supone un surco para LUMA en relación con el plan general de sustitución y reparación. 

Estos problemas se remontan al inicio del periodo precontractual de 2021, y no han hecho más que empeorar en los últimos meses. 

En el informe de fiabilidad de LUMA de 2021, la investigación mostró que se tardaba 323 minutos o 5,4 horas en restablecer el servicio, un aumento de casi el 50% respecto al año anterior. No hay un informe de fiabilidad actualizado para 2022, pero los clientes afirman que la electricidad tardó casi dos días en funcionar en sus hogares. 

Los informes preliminares han respaldado esto, sugiriendo un aumento constante del tiempo de respuesta para restablecer el servicio. 

Pero LUMA ha mantenido a lo largo de las críticas puntuales que la Autoridad de Energía de Puerto Rico, la anterior empresa de servicios públicos gestionada por el gobierno, era la culpable de la crasa mala gestión en los centros de toda la isla.

"Desde que LUMA asumió la responsabilidad de la red eléctrica, nos hemos centrado en sustituir, y no sólo reparar, los componentes deteriorados del sistema. Este enfoque en el manejo exhaustivo de estos problemas ha provocado mayor duración de las interrupciones del servicio, pero resultará en un servicio más confiable y resistente", dijo LUMA a El Nuevo Día. 

Dado el desempeño actual, el escrutinio que rodea a LUMA sólo ha aumentado. 

El deterioro de las condiciones ha frustrado a la nación, provocando protestas en la sede de LUMA y exigiendo la cancelación del acuerdo entrante. Recientemente, la superestrella mundial Bad Bunny arremetió contra la empresa de energía en su última actuación, con las entradas agotadas, tras un apagón.

"De todos mis conciertos en el mundo, Puerto Rico es el único lugar en el que tengo que dar cuenta de los generadores para prepararme", dijo durante el espectáculo. 

En una carta, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, emitió una declaración que refleja el sentimiento general de insatisfacción a nivel gubernamental. 

"Me parece obvio que [LUMA] debe hacer cambios en su plan de ejecución para mejorar significativamente el servicio que ofrece a nuestro pueblo", dijo.

En muchos casos, la pérdida repentina e inesperada del servicio ha puesto en peligro la vida de los puertorriqueños, ya que algunos cortes afectan a edificios más vulnerables, como los hospitales. El Auxilio Mutuo, uno de los hospitales que ofrece atención quirúrgica avanzada y recibe el mayor volumen de pacientes, sufrió apagones tras una semana de continuos cortes que dañaron el generador auxiliar. 

Los expertos han señalado que la empresa de servicios públicos de la mancomunidad está peor que antes, y los residentes están preocupados. Si el 15 de octubre la legislatura hace cumplir las obligaciones contractuales de LUMA, sin oposición, el gobierno firmará un acuerdo de 15 años con el consorcio. 

Sin embargo, el futuro de LUMA con Puerto Rico sigue siendo cada vez más incierto a medida que más funcionarios públicos se suman al clamor para anular el contrato. Jennifer González, comisionada residente del Estado Libre Asociado en Washington D.C., pidió la cancelación inmediata del contrato, una medida audaz de la principal voz del partido gobernante en el Capitolio. 

Además, el congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, ha pedido toda la documentación relativa a los trámites de LUMA para su revisión, aunque no han llegado más directrices desde D.C. 

Desde su creación en 2020, los asuntos de LUMA también han sido objeto de escrutinio legal. Tras semanas de disputas legales entre la legislatura puertorriqueña y LUMA por la falta de documentación, un juez de San Juan los declaró en desacato. 

Los documentos desaparecidos incluían recibos, hojas de tiempo del mes, así como correos electrónicos, textos y correspondencia general con funcionarios del gobierno sobre el acuerdo, según la orden judicial. Los documentos revelaron que Wayne Stensby, director general de LUMA, se lleva a casa un sueldo de un millón de dólares. 

AL DÍA NEWS se puso en contacto con LUMA para pedirle comentarios, pero no ha recibido respuesta.