Después de Bolivia y Chile, es ahora Colombia el epicentro del malestar social que hierve en todo el continente – y el mundo.

El rechazo al gobierno del presidente Iván Duque llegó al punto del colapso el pasado jueves cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, así como diversas localidades en el interior del país.

Las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque han sido la gota que derramó el vaso en un país sumido en la violencia y la desigualdad desde hace décadas.

Organizaciones sociales en todo el país convocaron a un paro nacional el pasado 21 de noviembre, argumentando el efecto de las políticas “neoliberales” del gobierno y el resurgimiento de la violencia en el país.

Según dijeron las principales centrales obreras y universitarias en una rueda de prensa, Colombia está cansada de la desigualdad social y de los fracasos diplomáticos después del acuerdo de paz del 2016 con la guerrilla.

A tan sólo un año y medio de haber tomado el poder, la aprobación del presidente Duque ha ido en picada gracias a la acentuación del índice de pobreza y corrupción en el país, que el Banco Mundial ubica en el segundo país más desigual de América Latina, a pesar de contar con un período de bonanza petrolera.

La chispa que encendió las revueltas sociales fue el incendio en la alcaldía de la ciudad de Nechí (Antioquía) el 28 de octubre después de las elecciones regionales del 2019, donde la población reclamaba un presunto fraude a favor de Marcos Javier Madera Camero.

Sin embargo, y desde que Duque llegara al poder, indígenas y líderes sociales han sido víctimas de una ola de asesinatos, en especial en el departamento del Cauca, según explicó la BBC.

A pesar de haberse firmado un pacto de paz con la guerrilla colombiana, la región montañosa es el foco de una “espiral de violencia” auspiciada por grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Uno de los puntos más fuertes del proceso de paz llevado a cabo por el ex presidente Santos contemplaba “la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres”, explica el medio, y la falta de su cumplimiento “está contribuyendo con la crisis de inseguridad que vive la población indígena en el país”.

Según explicó la Escuela Nacional Sindical, los reclamos del paro nacional tienen su fuerte en las reformas laborales del gobierno de Duque que incluyen la reducción del salario mínimo para jóvenes, la eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores, la privatización de las principales empresas del país y el aumento de las tarifas de energía en un 35%, entre otras.

Asimismo, el país exige un salario mínimo “que permita tener una vida digna” y el respeto al derecho a protesta.

El gobierno de Duque ha insistido en ser un gobierno “que escucha”; sin embargo, las protestas en las calles han dado como resultado más de 200 personas heridas, 98 detenidos y decenas de vídeos en redes sociales que muestran el exceso de violencia por parte de agentes del orden público.

Asimismo, tan sólo durante la jornada del 21 de noviembre, tres personas perdieron la vida.

En ciudades como Cali y Bogotá, el gobierno decretó toque de queda, el cierre de las fronteras, y ha acusado a los manifestantes de transformar el derecho a protesta en actos de violencia.

La respuesta de los ciudadanos fue la de organizar “cacerolazos” masivos en todo el país durante el fin de semana, desafiando el toque de queda y plantándose frente a la residencia del presidente.