Es un contraste con la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó la educación, la salud y otros asuntos sociales en manos del mercado.

Entre los cambios que propone la propuesta de 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias, es que si se llegara a aprobar los derechos y normas quedarían sujetos a la elaboración de leyes en el Congreso.

Además, esta propuesta describe al país como un “Estado social y democrático de derecho”, pues debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de los ciudadanos chilenos.

A diferencia de la Constitución de 1980 plantea que el Estado debe “contribuir a crear las condiciones sociales”, esto para la realización de personas pero estas no pueden participar en cualquier otra actividad empresarial.

La Constitución actual divide al Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado. Este último se encarga de “perfeccionar” el trabajo de los diputados. Con esta propuesta se eliminaría al Senado y se crearían dos Cámaras sin el mismo poder de decisión entre ellas.

Con esto, el nuevo proyecto de Constitución establecería un Congreso de Diputados para la formación de leyes y una Cámara de Regiones solo para aquellas “de acuerdo regional”, pero no teniendo el mismo peso que hasta ahora ha tenido el Senado.

Para el sistema de salud propone el Sistema Nacional de Salud Universal, ya que la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios. Hoy los empleados deben destinar por obligación un 7% de su sueldo para la Salud. Ese monto va en un 100% al sector privado pero éstos no cubren el 100% de una enfermedad, cirugía o medicamentos. 

Desde 2019, tras las protestas sociales se origina este proyecto constituyente, por un cambio que favorezca a todos por igual.

Más de 15 millones de electores deben votar el domingo por el “Apruebo” o “Rechazo”.